El artículo 155 de la Constitución española se aplica, según La Moncloa, como último recurso del Estado ante "el incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado" del Parlament y la Generalitat de Cataluña en sus obligaciones constitucionales, que han afectado gravemente, dice el gobierno central, al interés general de España. Les acusa de "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" de las resoluciones del Tribunal Constitucional contra su proceso de independencia desde la consulta catalana del 9N en 2014 hasta el referéndum del pasado 1 de octubre. Con esta intervención autonómica el ejecutivo de Rajoy busca, asegura, que se cumpla la legalidad constitucional y la neutralidad de las instituciones, además de pretender garantizar el mantenimiento de los servicios públicos y la economía, con petición expresa del presidente del gobierno a las empresas que trasladan sus sedes sociales desde Cataluña después de facilitarlo en un decreto ley. Mensaje para lograr su último objetivo, el de preservar, entiende Rajoy, el derecho de todos los catalanes.