Banderas de España a un lado, e independentistas al otro, en los juzgados de Reus.
El alcalde, apoyado por la mayoría de los vecinos, se ratifica en los hechos. Admite haber firmado el manifiesto del 4 de octubre, en el que instó a los hoteleros a negar el alojamiento a la policía nacional, y asegura que aquella carta, en la que pedían a los hoteles hacer lo necesario para que los policías, de manera inmediata abandonaran el municipio, era necesaria para recuperar la convivencia.
El juez sin embargo le investiga a él y a sus concejales por un delito de incitación al odio, por los "escraches" que sufrió la policía en el hotel en el que se alojaban. El contingente antidisturbios, al que también se le negó la entrada a un gimnasio de la localidad, tuvo que irse ante la presión de los vecinos y del ayuntamiento.
Los concejales de la CUP, han decidido no comparecer ante el juez, a pesar de estar citados.
Mañana declararán los policías nacionales que denunciaron el acoso.