La declaración unilateral de independencia (DUI), la organización, celebración y pago con fondos públicos de ese proceso independentista se extendió más alla de la comunidad autónoma catalana. Es el argumento con el que el Tribunal Supremo (TS) legitima que los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos por los que han sido procesados 12 de los 18 acusados sean juzgados por el Alto Tribunal. Oriol Junqueras, Raul Romeva o Carme Forcadell se encuentran entre esos 12 acusados que en las próximas semanas serán trasladados a Madrid para ser juzgados. El Supremo, por el contrario, sí concede que los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet y la exportavoz de la CUP, Mireya Boya, todos ellos en libertad, sean juzgados en Barcelona por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La desobediencia por la que son acusados se circunscribe a un actividad parlamentaria desarrollada en Cataluña y así, considera el Alto Tribunal, agilizaría el proceso y evitaría sus desplazamientos a Madrid.
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