El círculo de la Operación Lezo se amplía y el cerco sobre Gallardón se estrecha. Horas después de que el juez imputase a toda la cúpula del Canal de Isabel II en 2001, dimite Arturo Canalda, presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid. Es uno de los 24 citados por el juez. Todos los relacionados con la compra de la empresa colombiana Inassa. Se les investiga por supuestas irregularidades. La empresa costó 61 millones de euros, un precio sobrevalorado según los investigadores que supuso un perjuicio para las arcas públicas. Esa operación la aprobó el Consejo de Gobierno presidido por  Gallardón. Él, de momento, se libra pero el juez imputa a sus más estrechos colaboradores como Juan Bravo, actual presidente de Adif. El Gobierno de Gallardón en el ojo de la Operación Lezo. La misma que ha mantenido en la cárcel a otro expresidente madrileño, Ignacio González. Y por si faltaba algo, hoy hemos conocido que el día de Navidad, hubo un robo en la sede de Mercasa, otra empresa investigada. Su director Pablo González, hermano del expresidente madrileño también pasó por la cárcel. Los ladrones se han llevado ordenadores y discos duros con información de la empresa.
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