El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, estudia ya las propuestas que una comisión de expertos ha elaborado para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Reforma que, de llevarse a cabo, impediría a los partidos y sindicatos presentarse como acusación popular para no trasladar la disputa política al terreno judicial. Además, la calificación de imputado cambiaría por la de encausado, por considerarse esta última menos peyorativa. Y entre otras novedades, los fiscales pasarían a ser quienes dirijan las investigaciones. Gallardón se ha comprometido a abrir "un debate social". Su intención es tener listo un anteproyecto de ley entre los meses de octubre y noviembre.