La Policía Nacional detuvo la semana pasada a una empresaria española de 58 años por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Empleaba en un taller de confección a 44 inmigrantes chinos, rumanos y marroquíes pero sólo 24 tenían contrato de trabajo y seguridad social. La mujer ha quedado en libertad con cargos.