El escrito de diligencias dictado por el juez del caso Palma Arena, José Castro, por el que se autorizan los registros que se han llevado a cabo esta semana por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares en empresas de Barcelona considera que los hechos investigados son constitutivos de los delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.El juez que instruye este caso aclara que investiga a 12 personas, 13 sociedades y seis organismos públicos. Entre esas personas, está el ex presidente balear Jaume Matas, pero la lista la encabezan Iñaki Urdangarín y el que fuera su socio, Diego Torres.Explica el magistrado que en 2003 Iñaki Urdangarín se incorpora a la sociedad Instituto Nóos, sin actividad hasta entonces, primero como administrador y después como presidente. La finalidad de ese desembarco, según el juez José Castro, era contar con la cobertura de una especie de ONG dedicada a proyectos sociales. Mientras que simultáneamente "organizaron un entramado societario a través del cual desviaban los fondos públicos y privados que recibía el instituto Nóos, apoderándose de los mismos".El juez se refiere a dos contratos adjudicados a dedo por el Gobierno balear en 2005 y 2006 al instituto Nóos por valor de 2,3 millones de euros. El concepto, crear dos cumbres deportivo-turísticas internacionales. Pero el juez añade que el Instituto Nóos fijaba unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba y tras recibir los fondos públicos, simulaban la contratación de servicios ficticios o facturaban importes superiores por los servicios realizados a empresas controladas por Iñaki Urdangarín y su socio Torres.De momento, la Casa Real no se ha pronunciado sobre este asunto.