La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) ha propuesto al Estado la compra cuanto antes de las viviendas construidas que no se venden apelando al derecho constitucional a una vivienda digna. Pretenden que tanto el Gobierno central como los autonómicos y los ayuntamientos gasten parte de sus dotaciones para sacarles de la crisis. En total 800.000 viviendas nuevas. Desde el Ministerio de Vivienda ya han respondido tajantemente que el Gobierno que "no va a comprar stock".