El abogado constitucionalista Enrique Tineo Suquet, en entrevista para teleSUR, explicó que todos los funcionarios públicos de Venezuela están en la obligación de hacer una declaración jurada de patrimonio. "Cuando hay un problema en dicha declaración, se empieza a presumir enriquecimiento ilícito. Entonces se sale de la esfera de la sanción administrativa en sede de la Contraloría General y se ingresa en la investigación penal en sede de la Fiscalía General", indicó, al tiempo que explicó que en el enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba, es decir, el imputado o acusado es el que tiene que demostrar de donde proviene el dinero, no el fiscal. teleSUR