Barcelona, 4 oct (EFE).- La Audiencia de Barcelona juzga los sobresueldos abonados a la antigua cúpula de CatalunyaCaixa, un proceso en el que están acusados, entre otros, el expresidente de la entidad Narcís Serra y su exdirector general Adolf Todó, para los que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel.
En total, la sección octava de la Audiencia juzgará a un total de 41 miembros del consejo de administración por autorizar "desproporcionados" sueldos a la cúpula de la antigua caja de ahorros pese a la crítica situación que atravesaba la entidad.
La Fiscalía atribuye a un total de diecisiete personas, entre ellas Serra y Todó, dos delitos de administración desleal, para los que pide cuatro años de cárcel, mientras que para otros 24 exdirectivos de CatalunyaCaixa pide dos años de prisión por un único delito de administración desleal.
El Ministerio Público solicita además que los acusados indemnicen al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con un mínimo de 2,56 millones de euros.
En particular, la Fiscalía centra su atención en dos acuerdos tomados por el consejo de administración de esa entidad financiera, ahora en manos del BBVA: uno adoptado el 19 de enero de 2010, meses antes de que el FROB inyectara 1.250 millones en la caja, y otro posteriormente, el 13 de octubre de 2010.
En ambas reuniones se autorizaron subidas del sueldo fijo y el del variable a los exdirectivos Adolf Todó y Jaume Massana, fichados en 2008, que causaron un perjuicio de unos 1,45 millones, en el caso del primero, y de 1,11 millones, en el del segundo.
"Los acusados, sabedores de la situación de crisis de la entidad o, al menos, en condiciones de conocerla, (...) utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas, en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a aumentar su grave crisis financiera", argumenta el fiscal.
El expresidente de esta caja Narcís Serra acordó en 2008 la contratación de Adolf Todó como director general y Jaume Masana como consejero delegado con unas condiciones económicas inapropiadas para el momento que atravesaba la entidad, argumenta el fiscal.
 
ENTRADAS JUICIO