Los menores tutelados se han convertido en un negocio. Cada menor supone un mínimo de 3.000 € al mes además de una partida de 60.000€ por el ingreso, en su mayor parte, de fondos europeos.

Cristina López lleva cuatro años embarcada en una guerra judicial para recuperar la custodia de su hijo Ángel. El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) asumió la tutela del menor -en ese momento con seis años de edad- en enero de 2014 alegando una situación de desamparo bajo criterios poco claros que han estado siendo impugnados en los juzgados desde entonces, entre ellos, ser madre soltera, seguir una dieta vegana o no tener ingresos fijos.La Justicia llegó a darle la razón en un proceso de primera instancia al revocar la declaración de desamparo, pero el IMAS recurrió y el caso acabó en la Audiencia Provincial, con resultado desfavorable para Cristina. Cristina -piloto comercial de formación- y su hijo residían en Escocia. En las navidades de 2014 acudieron a la isla para visitar en Esporles a los abuelos del niño, a quienes Cristina responsabiliza en gran parte de lo sucedido. Su relación con ellos -especialmente con su padre, policía del municipio retirado- había sido siempre difícil; los define como personas «de una mentalidad muy cerrada» que nunca vieron con buenos ojos el modo de vida de su hija, naturista, homeópata y vegana. Una discusión familiar desembocó en una denuncia del padre al IMAS. Fue la Policía de Esporles la que se llevó al niño. «Tiraron la puerta abajo sin ninguna orden judicial y se abalanzaron sobre mí para arrancarme a mi hijo de mis brazos. Me quedé con un trozo de su jersey en la mano.Desde entonces lo tienen secuestrado en la Isla».Cristina denuncia que su padre se valió de sus conexiones con el cuerpo municipal para instar a una intervención inmediata y sin orden judicial de por medio. Pero su sorpresa fue aún mayor al comprobar que en solo tres días el IMAS había tramitada la declaración de desamparo del menor y se había hecho con su tutela. El juzgado de primera instancia número 20 de Palma falló a favor de Cristina y ordenó devolverle la patria potestad, así como la guardia y custodia de su hijo. El juez reflejó asimismo su extrañeza por la «celeridad mostrada» por el IMAS, que había tramitado en solo tres días la declaración de desamparo. «Ni la madre ni el menor fueron objeto de estudio, de examen o de entrevista por ninguno de los funcionarios del Servicio de Menores». También subrayó como acreditado en base a informes médicos que Cristina «no sufre ninguna alteración psiquiátrica». El IMAS recurrió la sentencia. El mismo juzgado decidió mantener la tutela del menor en manos de los Servicios Sociales (después de otro recurso del IMAS contra el decreto de ejecución de la sentencia). La última sentencia, no obstante, fue en favor de la madre. Hace dos años, el IMAS decidió suspender las visitas supervisadas. Ella recurrió la decisión y la Audiencia dictaminó que el IMAS había incumplido «dolosa e injustificadamente