Doce dirigentes de los docentes peruanos que participaron de la huelga nacional de julio y agosto pasados fueron denunciados por el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski por supuestamente formar parte de una red criminal. Ante esta situación, organismos de derechos humanos denunciaron que el gobierno peruano practica una política de criminalización de la protesta social, con mayor énfasis en el sector sindical, campesino e indígena. teleSUR