Organizaciones sociales y parlamentarios chilenos cuestionan el Decreto 866 que impulsa el gobierno y que contempla el registro y almacenamiento durante dos años de todas las formas de comunicación y conexión de los ciudadanos. Ante esta situación, la organización Derechos Digitales y parlamentarios impugnaron el llamado "Decreto Espía" bajo el argumento de inconstitucionalidad. teleSUR