¿Qué aportan los ciudadanos europeos a la economía del Reino Unido?. Esa es la pregunta que se hace el Gobierno británico de cara al ‘brexit’. El Ejecutivo ha encargado un estudio detallado sobre la inmigración en el país para diseñar la política migratoria cuando las islas abandonen la Unión Europea, una salida prevista para marzo de 2019.

“Tendremos una nueva política. Una parte de lo que he anunciado hoy es para mostrar que nos aseguraremos de que está basado en evidencias y de que funciona para todo el país. Va ser una consulta nacional real así que veremos los resultados en diferentes regiones y nos cercioraremos de que la política que acordamos cuenta con el apoyo de todo el país”, ha dicho la ministra británica de Interior Amber Rudd.

El análisis ha sido encargado a un organismo independiente, el Comité de Asesoramiento de Migración, y estará listo para septiembre del próximo año. Las críticas han arreciado por el retraso en el encargo, ya que su finalización se producirá tan solo seis meses antes de la ruptura definitiva con el bloque.

“El referéndum fue una moción de censura en muchos aspectos, también contra la Unión Europea, fue una moción de censura en cuanto a cómo los Gobiernos han manejado la inmigración. Si se piensa, como yo, que la inmigración trae beneficios culturales y económicos al Reino Unido, hay que asegurarse la confianza pública y política para que siga siendo así y eso implicaría cambios en el sistema de libre circulación”, explica Sander Katwala, director del think tank British Future.

Tres millones de ciudadanos comunitarios viven actualmente en el Reino Unido y resultan fundamentales para varios sectores de la economía. La voluntad del Gobierno es rebajar a 100.000 personas la inmigracion neta por año, una tarea difícil teniendo en cuenta que esa cifra en 2016 fue de 248.000 individuos.