El Tribunal de Cuentas ha decidido activar el nombramiento de un instructor para que practique diligencias y proceda a la apertura de una investigación para dilucidar responsabilidades por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 y, en su caso, reclamar al expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas y varios de sus exconsejeros el dinero público que se gastó en aquella consulta, que podría superar los cinco millones de euros.