El presidente Argentina, Mauricio Macri, y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, deberán explicar si los incrementos a las tarifas del servicio de gas hasta en un 400% implicó un fraude al Estado o si fue pago de sobornos a las empresas de gas a funcionarios públicos para avalar dichas alzas. Tras los tarifazos en 2016, la justicia de ese país presentó una audiencia para analizar si pudieron haber existido delitos vinculados a negociaciones incompatible con la función pública, administración fraudulenta o violación de los deberes de funcionarios públicos. teleSUR