Cuatro días después de que el Gobierno socialdemócrata rumano cediera a la presión ciudadana retirando un decreto que despenalizaba ciertos casos de corrupción, el ministro de Justicia, Florin Ioardache, se ha convertido en la primera víctima política.

“Todas las iniciativas asumidas son legales y de acuerdo con la Constitución. El ministerio organiza debates públicos para los proyectos y ahora son parte de los debates del Parlamento. Sin embargo, para la opinión pública no fue suficiente, así que he decidido presentar mi dimisión”, anunciaba.

Esta disimión no parece aplacar la mecha del descontento popular que prendió por un decreto presentado por la vía de urgencia, llenando durante varios días la céntrica Plaza Victoria de Bucarest.

El malestar de miles de ciudadanos se extiende al Gobierno que ahora llevará el polémico texto al Parlamento.