Varias organizaciones israelíes defensoras de los derechos humanos han impugnado la legalización de los asentamientos judíos en Cisjordania. Los demandantes, que represenan a diecisiete de los municipios palestinos afectados, han presentado este miércoles un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que el pasado lunes aprobó el Parlamento a instancias del gobierno. La base de su requerimiento es que Israel no tiene jurisdicción sobre los territorios ocupados.

“El Estado de Israel no tiene soberanía allí”, explica la abogada Talia Sasson. “Y por tanto, la ley israelí no puede aplicarse fuera de su territorio soberano. Así que, ¿cómo ha podido aprobar esa ley el Parlamento israelí? Es decir, si la Knesset puede legislar en Cisjordania ¿por qué no aprueba también otras leyes que se puedan aplicar en Londres o en París?”

La última palabra la tendrá la Corte Suprema. Tras el recurso presentado hoy, el gobierno israelí tiene 30 días para articular su defensa. La polémica ley impulsada por el ejecutivo de Netanyahu permite regularizar medio centenar de colonias con carácter retroactivo y abre la puerta a vastas expropiaciones de terrenos privados propiedad de ciudadanos palestinos.