Era un mero trámite de protocolo parlamentario. La moción de censura contra el gobierno rumano por intentar despenalizar algunos supuestos de corrupción se ha topado con la mayoría absoluta de los socialdemócratas en el hemiciclo. Para derribar al ejecutivo hacían falta doscientos treinta y tres votos, y sólo ciento sesenta y ocho diputados han votado en su contra.

Tras retirar hace tres días el decreto que ha generado este torbellino institucional, el primer ministro rumano intentaba hoy dar el capítulo por cerrado sin aclarar si destituirá o no al ministro de Justicia que promovió el texto, Florin Iordache.

“Ahora tenemos un presupuesto que nos aportará prosperidad y desarrollo” decía Sorin Grindeanu. “Contamos con todos los medios necesarios para aplicar el programa que los rumanos escogieron mayoritariamente en las pasadas elecciones de diciembre”.

El decreto en cuestión ha generado la mayor protesta ciudadana que se recuerda en el país desde la caída del comunismo porque preveía tolerar los casos de corrupción en los que la cantidad defraudada no superase los 44.000 euros. Todo ello en un país donde la fiscalía anticorrupción ha enviado a prisión a más de 3.000 políticos y funcionarios corruptos en los últimos siete años. Precisamente, uno de los que se habría beneficiado del nuevo marco legal habría sido el líder de los socialdemócratas que ocupan el gobierno, Liviu Dragnea, que actualmente está inmerso en un proceso judicial por desviar 24.000 euros.