El Gobierno de Rumanía se enroca en la mayoría socialdemócrata del Parlamento para no pagar precio político por el polémico decreto que ha sacado a miles de ciudadanos a las calles. Aunque lo ha revocado, el presidente conservador Klaus Iohannis, que desde el principio se mostró crítico con el Ejecutivo, se ha pronunciado en un discurso en el Parlamento para advertir de los peligros de modificar el código penal en cuanto a los casos de corrupción.

Ante el vacío de los diputados socialdemócratas, que abandonaron la Cámara antes de que hablara, Klaus Iohannis advirtió de que “Rumanía necesita un gobierno que funcione de manera transparente, que gobierne de manera previsible, a la luz del día. Hagan buenas leyes para Rumanía, no para un grupo de políticos con problemas”.

Además del presidente del país la oposición, la magistratura, la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión Europea y países como Alemania y Francia criticaron duramente el decreto por considerar que socavaba la lucha contra la corrupción despenalizando, entre otros delitos, el de soborno si las pérdidas causadas para el Estado estaban por debajo de los 44.000 euros precisamente en el segundo país más pobre de la Unión Europea.