Por tercer día consecutivo los rumanos han salido a la calle para gritar su ira. Unos 200.000 se han manifestado en distintas ciudades del país contra el polémico decreto ley que despenaliza la corrupción en algunos supuestos. Una medida tomada de urgencia por el Gobierno socialdemócrata menos de un mes después de tomar las riendas del país.

“Venimos aquí como el resto, creo, porque queremos que anulen ese decreto y se vayan”, afirma una manifestante.

“Quiero que retiren la ley, que redactaron con nocturnidad. Eso es todo. No quiero que se vayan, sino que hagan su trabajo porque para eso han sido elegidos, pero están robando delante de nosotros”, asegura otro.

¿Hasta cuándo va a seguir viniendo a manifestarse?, pregunta un periodista. “Cada día hasta que el decreto sea retirado, responde un hombre.

“Ladrones”, “vergüenza”, “derogación” son algunos de los lemas de esta protesta, la más importante en el país desde la caida del régimen comunista de Nicolae Ceaucescu en 1989.

El decreto supone una ruptura en la línea de lucha a ultranza contra la corrupción puesta en marcha por la justicia rumana en los últimos años,
como explica Daniel Horodniceanu, Jefe de la División Nacional de Delincuencia Organizada:

“Nuestro estado debería ser consistente en su estrategia para combatir la corrupción, pero si pretenden cambia esa estragegia, deberían informar de ello antes de proceder a un cambio de legislación”, afirma.

La nueva normativa solo penalizará los casos de corrupción si cuestan al Estado más de 44 000 euros. La decreto ha sido llevado ante el Tribunal Constitucional pero, si nadie lo evita, entrará en vigor el próximo 10 de febrero.