El Parlamento Europeo debería prohibir que sus miembros, al terminar sus mandatos, fueran a trabajar directamente a grupos de presión. Es la recomendación que ha hecho este martes Transparencia Internacional, después de observar que decenas de eurodiputados son contratados después de salir de las instituciones europeas por lobbies del sector privado.

“El problema en el Parlamento europeo es con los trabajos externos. Los miembros declaran todo tipo de actividades aparte como consultores, abogados, trabajadores autónomos… No tenemos ni idea de si podría haber conflicto de intereses entre sus actividades externas y lo que hacen como legisladores”, explicaba Daniel Freund, de TI.

De los 27 comisarios de la era Barroso, al menos 15 fueron a trabajar a grupos de presión.

Uno de los casos más polémicos fue el del propio expresidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso. 20 meses después del fin de su mandato, dos meses después de lo que establece el reglamento, fichó por Goldman Sachs.

Otro caso notorio fue el de la comisaria de Agenda Digital, Neelie Kroes.

“La señora Kroes recibió una amonestación por la institución, al no poder declarar una serie de ingresos mientras estaba recibiendo la indemnización transitoria, que devolvió en su totalidad”, explicaba el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas.

Esta asignación transitoria para los excomisarios puede alcanzar los 13.500 euros al mes durante un periodo de tres años.

Transparencia Internacional, que pone de ejemplo a Francia y Canadá en la supervisión de este tipo de casos, propone la creación de un comité supervisor ético independiente, que sustituya al que existe actualmente.