Para el analista argentino Ernesto Mattos, dado que el gobierno español favorece a las grandes empresas como las del suministro de energía eléctrica, en detrimento de la ciudadanía española, "¿qué le queda a los refugiados?". En ese sentido Mattos aseveró que el Estado ibérico debe regularlas y poner límites para que no afecte más a la población. teleSUR