Espías, pirateo y filtraciones, ingredientes de la última polémica en Estados Unidos

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Hillary Clinton lo denunció en septiembre, en plena campaña electoral, y desde entonces el caso del pirateo del Partido Demócrata y de sus correos, no ha dejado de cobrar amplitud. Clinton acusaba entonces a Rusia: “El hecho de que nuestros profesionales de la inteligencia estén estudiándolo y tomándoselo en serio, plantea graves interrogantes acerca de la posible injerencia de Rusia en nuestro proceso electoral.”

En octubre, las agencias de inteligencia estadounidenses tenían ya claro que Rusia intentaba ayudar a Trump. Según el informe encargado por Obama, dos meses después, la CIA identificó a los hackers rusos que piratearon los correos electrónicos para conducirlos por caminos sinuosos desde el GRU, la agencia militar rusa, hasta Wikileaks para borrar las huellas.

El 4 de octubre, Julian Assange, fundador de Wikileaks, anunciaba la publicación inminente de material relativo al proceso electoral estadounidense: “Tenemos el calendario, y es un calendario muy difícil, todos los documentos relacionados con las elecciones en Estados Unidos saldrán antes del 8 de noviembre.”

Pero el presidente electo siempre ha cuestionado las revelaciones de las agencias de inteligencia estadounidenses sobre el espionaje ruso, ha llegado incluso a acusarlas de “montar el caso”. De hecho, hasta tuiteó declaraciones de Assange a Fox News esta semana, en las que niega que Rusia sea la fuente de los correos electrónicos pirateados a los demócratas.

Los detalles del informe surgieron al mismo tiempo que el director de los servicios secretos estadounidenses, James Clapper, reafirmaba ante el Senado su convicción de que Rusia había orquestado los ciberataques: “Es evidente que Rusia ha asumido una postura aún más agresiva al incrementar las operaciones de espionaje cibernético, filtrando los datos robados de estas operaciones y apuntando a sistemas de infraestructura estratégicos.”

El jueves pasado, Obama anunció represalias contra Moscú en forma de sanciones económicas además de la expulsión de 35 diplomáticos rusos, entre ellos, el cónsul en San Francisco.

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