Los trabajadores de esta organización de derechos humanos se han encontrado la puerta sin cerradura y precintada.

La alcaldía de Moscú, propietaria del recinto, ha justificado esta medida argumentando retrasos en el pago del alquiler.

“No entendemos para nada lo que ha sucedido. No hemos recibido advertencias, ni ninguna carta o email. Quiero hacer hincapié en que durante los más de 20 años que llevamos alquilando la oficina, siempre hemos pagado a tiempo. Que no quede duda de que este desalojo no es debido a la falta de pago”, asegura Sergei Nikitin, director de la organización en Rusia.

Según Amnistía Internacional, dado el clima actual en el que trabaja la sociedad civil en Rusia, hay un gran número de explicaciones posibles, pero aun es pronto para sacar conclusiones.

Un clima marcado por la ley aprobada en mayo y que considera “agente extranjero” a todas las organizaciones no gubernamentales que reciben financiación exterior.