La Ley de Justicia Contra los Patrocinadores del Terrorismo puede ser un arma de doble filo para EE. UU.

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Los familiares de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre podrán demandar a Arabia Saudí ante la justicia estadounidense por su supuesto papel en los ataques.

De los 19 autores de la masacre en la que murieron casi 3.000 personas, 15 eran saudíes. Sin embargo la responsabilidad de Arabia Saudí nunca fue demostrada.

Al rechazar este miércoles el veto de Barack Obama, el Congreso norteamericano da vía libre a la Ley de Justicia Contra los Patrocinadores del Terrorismo (conocida como la ley JASTA).

Aprobada en mayo por el Senado y a principios de septiembre por la Cámara de los Representantes, la ley hace una excepción respecto a la “inmunidad soberana”, que tiene como misión proteger a los Estados de demandas judiciales de terceros países.

Please Mr President, on #JASTA... pic.twitter.com/dtNJRHm3ap— JohnCornyn (@JohnCornyn) 13 septembre 2016


El senador Richard Blumenthal dice ante la Cámara:
“Quince años después de aquella tragedia seguimos conociendo los hechos pero es más que evidente que el Gobierno saudí, o al menos organizaciones o agentes que trabajan en el Gobierno saudí, ayudaron e incitaron a que se llevase a cabo uno de los peores crímenes cometidos en Estados Unidos”.

Pero algunos legisladores temen que esta ley pueda traer consecuencias negativas para la política exterior del país.

El senador Bob Corker asegura:
“Voy a apoyar esta ley pero creo que, de forma inintencionada, puede traer consecuencias que vayan en contra de los intereses nacionales. Y si eso ocurriera trabajaremos con determinación, entre todos, para tratar de superarlo”.

La ley ha provocado un gran malestar en la monarquía del Golfo. Arabia Saudí, que mantiene tensas relaciones con la Administración Obama desde la rehabilitación de Irán, su rival regional, niega su implicación en el 11 de septiembre y presionó a Washington para que la ley no saliese adelante.

Para Estados Unidos, el riesgo es de establecer un precedente y que, con la excusa de la reciprocidad, podría invitar a otras naciones a demandar en cortes extranjeras a militares o diplomáticos estadounidenses.

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