Manila (Filipinas), 21 sep (EFE/EPA).- (Imagen: Mark Cristino) La Cámara Baja del Senado filipino escuchó hoy en Manila los testimonios de varios reclusos de la prisión Nueva Bilibid de Muntinlupa, al sur de la capital, sobre la proliferación de drogas en ese centro penitenciario.

Los internos han acusado a una senadora ya destituida de haber permitido el tráfico de estupefacientes dentro de esa cárcel.

El gubernamental Comité de Justicia y Derechos Humanos del Senado escucharon los testimonios de seis testigos en el segundo día de la investigación en curso, impulsada por el presidente Rodrigo Duterte contra la exsenadora Leila de Lima, una de sus mayores críticas, a la que acusa de permitir el comercio ilegal de drogas en la prisión de Bilibid.

Las acusaciones de sorbonos fueron respaldadas por el director de la Oficina Nacional de Investigación, Rafael Ragos, un exfuncionario de la Oficina de Asuntos Penitenciarios, quien ha testificado que en una ocasión entregó10 millones de pesos, es decir 209,360 dólares, a de Lima, procedentes de los beneficios ilegales de la droga, según el diario Philippine Inquirer.

Las audiencias se iniciaron un día después de que De Lima fuera expulsada de su cargo como Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el lunes, una medida calificada por Human Rights Watch, como "un intento de hacer fracasar la rendición de cuentas frente a la espantosa cifra de muertos por la guerra abusiva contra las drogas emprendida por el Presidente Duterte", según un comunicado del director para Asia de ese organismo, Phelim Kine.

La senadora De Lima presentó, hace una semana, al testigo clave Edgar Matabato, en un juicio que comenzó a finales de agosto para investigar la guerra contra las drogas de Duterte que ha matado al menos a 3.500 personas desde que asumió el cargo a finales de junio.

Matabato testificó que había sido parte del llamado "escuadrón de la muerte de la ciudad de Davao" cuando Duterte fue alcalde de la ciudad, en el sur de Mindanao, y que había sido responsable de secuestros y asesinatos de vigilantes ordenados por Duterte, unas acusaciones que otros senadores consideran incompatibles con su conocimiento de ciertos asesinatos.

El senador Alan Peter Cayetano, quien fue uno de los 16 senadores que votaron para expulsar a De Lima después del testimonio, había dicho que los registros de ejecuciones extrajudiciales estaban dando a Filipinas 'una mala imagen', a la que De Lima respondió que sólo estaba haciendo su trabajo, el cual no puede ser silenciado.

"Yo no soy el problema ... el problema de este país y de esta administración es la ejecución extrajudicial de más de 3.000 de nuestros compatriotas en los últimos tres meses, más de 1.000 por mes", dijo en un discurso parlamentario publicado en YouTube.

De Lima ha llamado la investigación sobre sus presuntos sobornos relacionados con la droga en la prisión de Bilibid, "una farsa", que tiene lugar en un "tribunal popular