Comienza en el Senado brasileño la fase final del juicio para la destitución de la presidenta Dilma Roussef, suspendida desde el pasado 12 de mayo de sus funciones.

Horas antes, arropada por cientos de simpatizantes gritando “Dilma regresa” en un teatro de Brasilia, Rousseff mantenía la confianza en ser capaz de convencer con su auto defensa de la falta de pruebas concretas para imputarla.

“Jamás he recibido dinero mediante la corrupción… mi presencia en el Senado muestra que hay una ruptura democrática en Brasil, y eso es importante para todos los brasileños, para el mundo entero, para nosotros para evitar que vuelva a suceder”, explicó Rousseff ante un público entregado.

Acusada de graves irregularidades fiscales, el proceso comenzó en diciembre del año pasado y la sentencia se pronunciará el próximo miércoles, después de que Rousseff presente sus alegaciones el lunes en el Senado.

Será declarada culpable si 54 de los 81 senadores votan a favor, una cifra que según varios analista los pronósticos apuntan que ya se supera (en una consulta realizada el pasado 9 de agosto 59 senadores votaron a favor de la salida de la excombatiente). Su destitución podría fin a 13 años de gobierno de izquierdas en Brasil y le impedirá ejercer un cargo público durante 8 años.

Brasil, primera economía de América Latina, vivió un boom económico bajo la dirección de Lula da Silva, antecesor u mentor político de Rousseff. Pero a partir de 2015 la recesión, el aumento del paro (11 millones), la inflación y un déficit presupuestario de más de casi 40.000 de millones de euros ha ido acompañada de una crisis política marcada por la corrupción.