México, 18 ago (EFE).- (Imagen: Miguel Ángel Andrade). La denuncia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mexicana de que la Policía Federal ejecutó de forma arbitraria a 22 civiles en 2015 pone de nuevo en la mira a las fuerzas del orden tras los casos Ayotzinapa y Tlatlaya, aunque el Gobierno rechaza la acusación y alega que fue "legítima defensa".
El informe de la CNDH sobre lo ocurrido el 22 de mayo de 2015 en el rancho del Sol, en el occidental municipio de Tanhuato, estado de Michoacán, que acabó con 43 muertos, desvela un uso excesivo de la fuerza por los agentes que acabó con la vida de civiles, así como tortura, manipulación de evidencias y falsedad en las informaciones.
En una rueda de prensa sobre el resultado de la investigación, el titular de la Comisión, Luis Raúl González, afirmó que hubo 22 ejecuciones arbitrarias de civiles.
Pese a que no recibieron disparos a corta distancia -todos a más de 90 centímetros-, se puede hablar de ejecuciones arbitrarias porque las víctimas "presentaban una posición de desventaja respecto a sus agresores", indicó Ismael Eslava, primer visitador general de la CNDH.
Cuatro personas murieron por el "uso excesivo de la fuerza": una que recibió un disparo desde el helicóptero que llegó al lugar como refuerzo; dos que se estaban escondidas detrás de unas palmeras sin armas y otra más que falleció en el incendio declarado en una bodega.
Sobre otros 15 cadáveres con señales de arma de fuego, la CNDH "no puedo establecer técnicamente las circunstancias del deceso y el grado de participación en el enfrentamiento armado".
El recuento de víctimas mortales lo completa un policía federal y otro civil que muestra signos de haber sufrido un atropellamiento.
Mediante el testimonio de testigos, la CNDH estableció que la Policía Federal entró en el rancho "de manera sigilosa" entre las 6.20 y 7.30 horas, lo que contradice la versión oficial, según la cual fue entre las 8.00 y 8.30 horas.
En un primer momento, llegaron 41 policías, a quienes se les sumó el refuerzo de 54 agentes terrestres y otros cinco en el helicóptero, cuyo artillero disparó 4.000 proyectiles, según el informe.
Desde que terminó el operativo y hasta que comenzaron las diligencias de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE) los federales "tuvieron aproximadamente cuatro horas para manipular el lugar de los hechos", añade.
Durante este tiempo se produjo la manipulación de siete cadáveres y se colocaron deliberadamente armas de fuego junto a 16 cuerpos, según González.
Asimismo, se acreditaron actos de tortura y trato inhumano y degradante a los tres civiles detenidos tras los hechos, a quienes se les señaló como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Estos "fueron agredidos física y psicológicamente y sometidos a interrogatorios mediante amenazas de privarlos de la vida a ellos y a sus familiares", y uno de ellos presentó una herida por proyectil en el hombro que era "innecesaria para su