En el apartado de asuntos generales de este día, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó un punto de acuerdo a efecto de que el Congreso del Estado ordene al Órgano de Fiscalización Superior a que inicie una auditoría integral a la administración municipal de Guanajuato, por los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal del año 2012; por los ejercicios fiscales de los años 2013 y 2014, así como por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio fiscal del año 2015.

Al leer la exposición de motivos, el diputado Mario Alejandro Navarro Saldaña subrayó que a la ciudadanía guanajuatense no le han dado explicaciones claras que técnicamente justifiquen posibles conductas irregulares. Entre ellas, señaló en calidad de probables, las siguientes:



· Desaparición de bienes pertenecientes y/o bajo custodia de la Dirección de Fiscalización.

· Otorgamiento irregular de permisos a particulares para la ocupación de la vía pública.

· Otorgamiento irregular de permisos de construcción en perjuicio del patrimonio intangible de la Ciudad y que ha puesto en riesgo los nombramientos de Patrimonio Cultural otorgados por la UNESCO.

· Otorgamiento irregular y en situación de conflicto de interés de cambios de uso de suelo.

· Administración dudosa y/o desviación de recursos, provenientes de los ingresos del Museo de las Momias, los que constituyen la segunda fuente de ingresos del municipio.

· Irregularidades anunciadas, más no precisadas, al interior del Instituto Municipal de Vivienda.

· Existencia de obras inconclusas en perjuicio de la captación de al menos 6 millones de pesos para el patrimonio municipal.

· Faltantes injustificados en el parque vehicular de la Dirección de Seguridad Ciudadana.

· El posible conflicto de interés o cohecho en el que pudieran haber incurrido los funcionarios municipales debido al otorgamiento de servicios.

· Posible lenidad, omisiones, abandono o abuso de las responsabilidades adquiridas por los servidores públicos de la administración que hubieren causado daño al patrimonio del municipio o perjuicio de los particulares.