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Los siete militares retirados que estarían involucrados en la muerte de Rodrigo Rojas y las lesiones a Carmen Gloria Quintana, durante las manifestaciones del 2 de julio de 1986, podrían ser judicializados por los cargos de homicidio calificado frustrado y homicidio calificado consumado, según el juez Mario Carroza.

El caso se reabrió esta semana después de que uno de los uniformados rompiera el ‘pacto de silencio’ que existía entre los siete involucrados y le contara al juez del caso que el ataque no fue un accidente, como fue su primera versión, sino que fue voluntario.

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