La firma casi inmediata de Barack Obama, defensor de los cambios, ha convertido la reforma en ley. La consecuencia inmediata es que pone fin al vacío vigente desde que el domingo expirararan varias disposiciones de la Ley Patriótica, que da al Gobierno poderes excepcionales para prevenir atentados.

La segunda consecuencia es que la Agencia Nacional de Seguridad no podrá seguir trabajando como hasta ahora. Estados Unidos continuará con sus prácticas de vigilancia, pero ya no será el Gobierno quien recopile masivamente los registros telefónicos en territorio estadounidense, sino que recaerá en manos de las compañías telefónicas. Una vez terminado el periodo de transición de 6 meses, los servicios de inteligencia deberán tener una orden judicial para obtener esa información, caso por caso.