Se cumplen cien días de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, en el Estado de Guerrero, y sus familiares vuelven a manifestarse en la capital mexicana.

No confían de la investigación oficial, que hasta ahora solo ha identificado los restos de uno de los jóvenes, y han anunciado que comenzarán su propia búsqueda.

“Vamos a ir a buscarlos todos”, dice el padre de uno de los jóvenes. “Al Gobierno no lo vamos a tener en cuenta porque no hace nada por nosotros. Nos está diciendo que nos resignemos. ¿Qué nos vamos a resignar? Si fuera un hijo de él (del presidente Peña Nieto)”.

Según medios estadounidenses, el FBI colabora actualmente en la investigación, sobre todo en el análisis de ADN de los restos encontrados en un vertedero. Lo hace a petición del Gobierno del presidente Peña Nieto, que sufre la peor crisis en sus dos años de mandato, y que ha anunciado nuevas medidas para atajar la infiltración del crimen organizado en las autoridades locales.

El pasado 26 de septiembre, los 43 chicos fueron capturados por la policía local, por orden del alcalde de Iguala, en el estado de Guerrero, y entregados al cartel Guerreros Unidos, que, según la investigación oficial, los asesinó e incineró.