La Audiencia Provincial de Palma ha decidido exonerarla de esta última acusación, pero mantener la primera por su implicación en el caso Nóos, nombre de la fundación teóricamente sin ánimo de lucro a través de la que su marido Iñaki Urdangarín desvió dinero público.

No obstante, al tratarse de una acusación popular, hecha por la asociación Manos Limpias, y no ser una acusación privada o pública, ya que la Fiscalía y Hacienda no ven delito en su proceder, la infanta podría librarse de ir al banquillo, según la doctrina Botín, tal como defiende su abogado, Miquel Roca: “Existen precedentes ya doctrinales y suficientes, acuñados por la jurisprudencia sobre que esta acusación, para entendernos, no estaría legitimada para seguir adelante”.

La decisión la tomará el juez Castro. Si éste opta por llevar a la Infanta al banquillo su decisión será irrecurrible. Si por el contrario decide sobreseer los delitos fiscales, Manos Limpias podría recurrir tal decisión.

El letrado considera no obstante en su auto que los delitos cometidos por Urdangarin “difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa”.

Las dos faltas que se le imputan a la infanta corresponden al cobro de asesorías ficticias a grandes empresas que no fueron declaradas.