El gobierno de México asegura haber detenido a ocho militares sospechosos de ejecutar a 22 presuntos miembros de la delincuencia organizada, el pasado 30 de junio, en el municipio mexiquense de Tlatlaya. El legislador Alejandro Encinas y la académica Victoria Unzueta coinciden en que el suceso evidencia que tras la salida del Partido Acción Nacional de Los Pinos (residencia oficial del Presidente) y el regreso del PRI (Partido Revolucionario Institucional) no se dio fin a la práctica policial de alteración de los escenarios de los delitos ni a las triquiñuelas de las que se vale el gobierno para solapar a criminales (eventualmente cómplices) y administrar una "justicia a modo". teleSUR