Once grupos activistas de DDHH, víctimas y familiares de detenidos durante las protestas rechazaron las imputaciones efectuadas por el Ministerio de Relaciones Interiores sobre sus participaciones en planes desestabilizadores, denuncian que pretenden presionarlos e intimidarlos para que desistan de investigar las violaciones, entre ellas 80 casos de torturas registrados desde febrero hasta la presente fecha