Japón asegura que cumplirá la sentencia por la que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha ordenado que “revoque” los permisos para captura de estos cetáceos porque no se ajustan a los criterios científicos que contempla la legislación internacional y en los que el Gobierno nipón se apoya para seguir permitiéndola.

Tokio ha lamentado el fallo: “Estamos muy decepcionados y lamentamos el resultado. Pero Japón respetará la sentencia, como nación respetuosa de la ley. Japón respetará el criterio del tribunal como estado que da gran importancia a la legalidad internacional como base de la comunidad internacional. Estamos estudiándola para ver cómo podemos aplicarla”, ha dicho el portavoz del gabinete presidencial Yoshihide Suga.

Una victoria para el Estado australiano, que llevó a Japón ante la corte por considerar dudosas sus prácticas, y para los activistas de Sea Shepherd, que han denunciado desde hace años esta situación.

“El mundo está dirigiéndose hacia un mecanismo global que proteja los bienes de todos. Lo que hace falta ahora es una policía. Tenemos el tribunal pero no la policía. Es obvio que la Naciones Unidas debe establecerla para hacer cumplir la ley”, ha pedido Bob Brown, director de la ONG.

Tokio abandonó la caza de ballenas con fines comerciales en 1986 por una moratoria internacional, pero la retomó con fines supuestamente científicos autorizado por la comisión ballenera.