Los consejeros y altos cargos extremeños no podrán concurrir a procesos de oposiciones convocados o desarrollados por los mismos gobiernos que los nombraron. Esta medida se contempla dentro de la nueva Ley de Función Pública en la que el Gobierno autonómico lleva "meses" trabajando, y que busca convertirse en una norma a la "vanguardia" de la materia en España.