Desde el pasado septiembre, Argentina abrió todos sus consulados para recibir denuncias de víctimas del franquismo, en respuesta a la solicitud presentada por la jueza María Servini de Cubría, quien lleva el caso de la comisión de delitos de torturas durante el régimen.

Cabe señalar que la causa abierta actualmente en Buenos Aires, capital de Argentina, está bajo el principio de “justicia universal”, reconocido por la Constitución argentina desde 1853.