Dicho campamento, situado bajo un puente en el centro urbano de Lyon, alberga a 298 personas entre las que se encuentran 98 niños.

Un juez ha estimado que el campamento se encuentra en una zona cuya titularidad es estatal y que por tanto la ocupación constituía un hecho ilegal. También ha destacado que la situación en la que viven estos refugiados entraña riesgos para su salud.

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