La vicepresidenta del Gobierno ha detallado que la implantación de la factura electrónica supondrá un ahorro de 16,9 millones para la administración general del Estado y otros 15 millones para los proveedores. A este montante se suman los 18 millones de euros de beneficios que el Ejecutivo calcula que la medida supondrá para las empresas del sector.